Nunca me ha gustado la gente que una vez fuera sale a decir lo que deberían hacer los de dentro. Si es tan malo no haber participado de la fiesta. Si está todo tan sucio, tan mal, tan podrido... ¿por qué no lo denunciaste/arreglaste desde dentro? ¿O el ánimo no es la denuncia sino la venganza? Mucho me temo que detrás de las denuncias de los traidores está el resentimiento por haber sido apartado.
La cosa viene de lejos, parece:
-¿Sabes en qué veo que las comiste de tres a tres?
-En que comía yo dos a dos y callabas.
Pues eso. Que si callabas era porque comías y ahora que no puedes, ¿protestas?
Deberían los periodistas callar entonces. Debería el otro partido también callar. Y permitir todos que la corrupción sea denunciada por los no corruptos.
¿Cómo es posible que en toda la historia de la democracia no haya habido ni un miembro de un partido o gobierno, ni un concejal, que por amor a su patria o a su pueblo, o a su partido haya denunciado al ladrón? No. Aquí todos hablan cuando salen y no son aupados.
Empezaré a creer a políticos y financieros cuando lo denuncien desde dentro. Cuando se está haciendo, para evitar que se haga más y -preferiblemente- en el poder. Sólo tiene sentido la denuncia cuando al realizarse la sociedad queda mejor. Cuando se denuncia para hacer daño se está instrumentalizando la justicia.
Y ahora salen las voces diciendo que no son todos, que los políticos son honrados, etc. Me da la impresión que es al revés: que aquí "lo normal" es ser político corrupto y que sólo alguno no lo es a costa de callar bajo amenaza. Porque si en los partidos se deja claro que cualquier síntoma de corrupción debe ser denunciado y denuncian habitualmente a sus compañeros...
Si la norma es que el que no denuncia es expulsado... si es expulsado el jefe del corrupto en cada cargo que ostente... los mandos no perderían ojo....
Pero son todo declaraciones. Pactos. Acuerdos. Y mientras comiendo de tres en tres.
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Les copio a continuación, dos artículos del Señor Trías que es posible que ilustre lo que digo, en negrita y en grande lo que resalto, los amigos, las intenciones de hacer daño al PP y bien al PSOE...:
Si la norma es que el que no denuncia es expulsado... si es expulsado el jefe del corrupto en cada cargo que ostente... los mandos no perderían ojo....
Pero son todo declaraciones. Pactos. Acuerdos. Y mientras comiendo de tres en tres.
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Les copio a continuación, dos artículos del Señor Trías que es posible que ilustre lo que digo, en negrita y en grande lo que resalto, los amigos, las intenciones de hacer daño al PP y bien al PSOE...:
¿Sombras o certezas?
21 de enero de 2013
Todo son lugares comunes pero nadie, ni desde el Gobierno o los partidos afectados, ha dado una explicación convincente de lo que está ocurriendo. Quizás, la vicepresidenta Santamaría: “A mí, que me registren”. Porque ella, y algún otro u otra ministra o ministro, sí que están limpios de polvo y paja. Este asunto viene de lejos y no se ha querido —porque se pudo— resolver. Ahora ya no es tiempo de lamentos sino de explicaciones. Y rápidas.
En la primera legislatura de Aznar, la VI, había una Comisión o Subcomisión en el Congreso a la que yo pertenecí en la que estaban el diputado socialista Fernández Marugán, Jaime Ignacio del Burgo y alguien más que no recuerdo. El escándalo Filesa, que tanto azuzó el PP —y Rato especialmente—, era aún un asunto muy cercano. Los socialistas lo habían pagado caro y Marugán, hombre cabal, barbado y honesto, era muy consciente de ello. Decidimos que había que modificar el sistema de financiación de los partidos políticos y la ley que lo regulaba.
Recuérdese que estaban permitidas entonces las donaciones anónimas. Así se financiaban, además de las asignaciones públicas, prácticamente todos los partidos, lo cual daba lugar a todo tipo de corruptelas, enjuagues y corrupciones. No fue posible entonces acabar con ese sistema. No se quiso poner el cascabel al gato. Y, desde luego, había gato encerrado. CiU, de quien dependía el PP para poder gobernar, se opuso rotundamente. Si mi memoria no me falla, las donaciones anónimas terminaron en la etapa de Zapatero, que no todo lo hizo mal, ni mucho menos ahora el PP, y especialmente su extesorero Luis Bárcenas —con quien he recorrido montañas, he tenido larguísimas conversaciones y a cuya amistad no renuncio sea cual sea su futuro—, están sometidos a un escrutinio lógico. Deben, pues, aclarar y explicar el sistema de financiación para que podamos creerles. Y la oposición, toda ella, debe también contar públicamente —el Partido Socialista especialmente— si usaban, así mismo, de esas malas prácticas.
Hace aproximadamente un año publiqué un artículo en este diario que tuvo una enorme repercusión en el que contaba algunas cosas que sabía por haber intentado ayudar al juez Pedreira, enfermo y sin medios materiales en el juzgado, que intentó realizar una investigación clara. Pudo a medias. En el PP sentó muy mal ese artículo mío. Afortunadamente, ahora, el juez número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, siguiendo la estela de lo que había iniciado su antecesor Baltasar Garzón, intenta aclarar el escándalo de la financiación del Partido Popular. Confiamos muchos en que ni la Fiscalía Anticorrupción ni el juez se arredrarán ante las presumibles presiones que van a sufrir. El fiscal general es hombre cabal y con arrestos, y el juez es hombre lento, pero seguro.
Este asunto viene de lejos y no se ha querido (porque se pudo) resolver
¡Vaya historia!: el juez que inició la investigación, honrado en toda Hispanoamérica y en la Corte Penal Internacional, Baltasar Garzón, fue apartado y condenado por unas escuchas que, a mi juicio, fueron muy limitadas y estaban más que justificadas. Y el juez del Tribunal Superior de Justicia, Antonio Pedreira, quedó postrado en el lecho del dolor y olvidado. La dignidad tiene su precio. Pero la verdad se va abriendo paso.
Sigamos, pues, con lo que quiero decir. Al margen de lo que hagan los fiscales y jueces, el Partido Popular tiene que explicar con pelos y señales los medios con los que se financiaban. Francisco Álvarez-Cascos, ex secretario general; Ángel Acebes, excoordinador general; Javier Arenas y María Dolores de Cospedal, sucesivos secretarios generales del PP; líderes autonómicos afectados por este caso u otros; y, por supuesto, José María Aznar y Mariano Rajoy, presidentes sucesivos del PP, deben dar una explicación convincente. Por supuesto, también deben hacerlo Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas, otro tesorero cuyo nombre no recuerdo que le sucedió interinamente, Romay y la actual tesorera.
No podemos tener esa desagradable sensación de que fuimos ingenuamente engañados quienes les defendimos en medio del tornado. Ellos tienen los documentos o información suficiente. Llevaban esa contabilidad B, cuando la hubo, de las donaciones personificadas y de las anónimas —legales hasta hace unos cuatro o cinco años— y de a quiénes o a qué menesteres se destinaba ese dinero. No pueden esconderse ni mentir.
Y todos los destinatarios deberían hacer públicas sus declaraciones de renta para que la Agencia Tributaria determine si estaban declaradas. Y en el caso de que no lo hubiesen sido, y si incurrieron en un posible delito fiscal, que la Agencia Tributaria envíe el asunto al Juzgado numero 5 que, según parece, es indiscutiblemente el competente.
Por lo que yo pude saber, y ya conté en estas páginas de forma sucinta, sí se entregaban sobres con dinero en efectivo que servían como complemento del sueldo que percibían algunos dirigentes. Creo que la cantidad máxima eran unos 10.000 euros al mes o su equivalente en pesetas antes de la moneda única. De ahí hacia abajo se percibían cantidades menores, según los cargos y responsabilidad. La mayoría de diputados y dirigentes del PP no percibía nada de esas cantidades. Y es por ellos, y especialmente por quienes les votaron, por lo que deberían dar una explicación, tanto Cospedal como Rajoy, que son quienes ahora dirigen el partido.
Es posible que ellos acabasen con esas malas prácticas, es posible, pero también deberían explicar si al principio de sus mandatos respectivos percibieron alguna cantidad de esa opaca procedencia. En resumen: queremos saber la lista de donantes y la de receptores. Nos la deben quienes fueron nuestros dirigentes, amigos algunos de ellos, e incluso aquellos que, pase lo que pase, lo seguirán siendo.
Es posible que ninguno de los perceptores, si no hubiese declarado esas cantidades que recibían en metálico, haya incurrido en delito fiscal, pues la cuota posiblemente defraudada, por lo que yo conozco, no llega al límite del delito. Pero en cualquier caso el escándalo está servido y España y los españoles, tenemos derecho a conocer lo que se hizo con ese dinero público. Y Bárcenas, que tiene un buen abogado, debería explicar de dónde salía ese dinero y si las empresas que se acogieron a la amnistía fiscal eran suyas o de más personas, pues probablemente, y como consecuencia del generoso sueldo que cobraba, pueda tener una explicación que le aparte definitivamente del delito. Callar, a veces, es complicidad. Otra cosa son las responsabilidades políticas, que el PSOE, con Rubalcaba a la cabeza, debe pedir con firmeza y no con la boca chica como lo viene haciendo hasta ahora, pues da la sensación de que ellos también tienen algo que ocultar.
El sistema constitucional español es lo suficientemente fuerte para soportar una crisis política de esta magnitud. Hay personas muy cualificadas, tanto en el Gobierno, en el PP, y en el PSOE, para sustituir a quienes deban caer, con delito o sin delito, por este monumental escándalo. “Que cada palo aguante su vela”, afirmó la secretaria general, María Dolores de Cospedal. Efectivamente, y ella la segunda. Pues el primero que nos debe una explicación es el jefe del PP, Mariano Rajoy. Es una cuestión de patriotismo y de ejemplaridad, como diría el filósofo Javier Gomá. Y de honor. Si no creemos en quienes gobiernan la nación, ¿cómo podrán soportar los ciudadanos tantos sacrificios como se les están exigiendo?
Jorge Trías Sagnier es exdiputado del Partido Popular.
En la primera legislatura de Aznar, la VI, había una Comisión o Subcomisión en el Congreso a la que yo pertenecí en la que estaban el diputado socialista Fernández Marugán, Jaime Ignacio del Burgo y alguien más que no recuerdo. El escándalo Filesa, que tanto azuzó el PP —y Rato especialmente—, era aún un asunto muy cercano. Los socialistas lo habían pagado caro y Marugán, hombre cabal, barbado y honesto, era muy consciente de ello. Decidimos que había que modificar el sistema de financiación de los partidos políticos y la ley que lo regulaba.
Recuérdese que estaban permitidas entonces las donaciones anónimas. Así se financiaban, además de las asignaciones públicas, prácticamente todos los partidos, lo cual daba lugar a todo tipo de corruptelas, enjuagues y corrupciones. No fue posible entonces acabar con ese sistema. No se quiso poner el cascabel al gato. Y, desde luego, había gato encerrado. CiU, de quien dependía el PP para poder gobernar, se opuso rotundamente. Si mi memoria no me falla, las donaciones anónimas terminaron en la etapa de Zapatero, que no todo lo hizo mal, ni mucho menos ahora el PP, y especialmente su extesorero Luis Bárcenas —con quien he recorrido montañas, he tenido larguísimas conversaciones y a cuya amistad no renuncio sea cual sea su futuro—, están sometidos a un escrutinio lógico. Deben, pues, aclarar y explicar el sistema de financiación para que podamos creerles. Y la oposición, toda ella, debe también contar públicamente —el Partido Socialista especialmente— si usaban, así mismo, de esas malas prácticas.
Hace aproximadamente un año publiqué un artículo en este diario que tuvo una enorme repercusión en el que contaba algunas cosas que sabía por haber intentado ayudar al juez Pedreira, enfermo y sin medios materiales en el juzgado, que intentó realizar una investigación clara. Pudo a medias. En el PP sentó muy mal ese artículo mío. Afortunadamente, ahora, el juez número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, siguiendo la estela de lo que había iniciado su antecesor Baltasar Garzón, intenta aclarar el escándalo de la financiación del Partido Popular. Confiamos muchos en que ni la Fiscalía Anticorrupción ni el juez se arredrarán ante las presumibles presiones que van a sufrir. El fiscal general es hombre cabal y con arrestos, y el juez es hombre lento, pero seguro.
Este asunto viene de lejos y no se ha querido (porque se pudo) resolver
¡Vaya historia!: el juez que inició la investigación, honrado en toda Hispanoamérica y en la Corte Penal Internacional, Baltasar Garzón, fue apartado y condenado por unas escuchas que, a mi juicio, fueron muy limitadas y estaban más que justificadas. Y el juez del Tribunal Superior de Justicia, Antonio Pedreira, quedó postrado en el lecho del dolor y olvidado. La dignidad tiene su precio. Pero la verdad se va abriendo paso.
Sigamos, pues, con lo que quiero decir. Al margen de lo que hagan los fiscales y jueces, el Partido Popular tiene que explicar con pelos y señales los medios con los que se financiaban. Francisco Álvarez-Cascos, ex secretario general; Ángel Acebes, excoordinador general; Javier Arenas y María Dolores de Cospedal, sucesivos secretarios generales del PP; líderes autonómicos afectados por este caso u otros; y, por supuesto, José María Aznar y Mariano Rajoy, presidentes sucesivos del PP, deben dar una explicación convincente. Por supuesto, también deben hacerlo Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas, otro tesorero cuyo nombre no recuerdo que le sucedió interinamente, Romay y la actual tesorera.
No podemos tener esa desagradable sensación de que fuimos ingenuamente engañados quienes les defendimos en medio del tornado. Ellos tienen los documentos o información suficiente. Llevaban esa contabilidad B, cuando la hubo, de las donaciones personificadas y de las anónimas —legales hasta hace unos cuatro o cinco años— y de a quiénes o a qué menesteres se destinaba ese dinero. No pueden esconderse ni mentir.
Y todos los destinatarios deberían hacer públicas sus declaraciones de renta para que la Agencia Tributaria determine si estaban declaradas. Y en el caso de que no lo hubiesen sido, y si incurrieron en un posible delito fiscal, que la Agencia Tributaria envíe el asunto al Juzgado numero 5 que, según parece, es indiscutiblemente el competente.
Por lo que yo pude saber, y ya conté en estas páginas de forma sucinta, sí se entregaban sobres con dinero en efectivo que servían como complemento del sueldo que percibían algunos dirigentes. Creo que la cantidad máxima eran unos 10.000 euros al mes o su equivalente en pesetas antes de la moneda única. De ahí hacia abajo se percibían cantidades menores, según los cargos y responsabilidad. La mayoría de diputados y dirigentes del PP no percibía nada de esas cantidades. Y es por ellos, y especialmente por quienes les votaron, por lo que deberían dar una explicación, tanto Cospedal como Rajoy, que son quienes ahora dirigen el partido.
Es posible que ellos acabasen con esas malas prácticas, es posible, pero también deberían explicar si al principio de sus mandatos respectivos percibieron alguna cantidad de esa opaca procedencia. En resumen: queremos saber la lista de donantes y la de receptores. Nos la deben quienes fueron nuestros dirigentes, amigos algunos de ellos, e incluso aquellos que, pase lo que pase, lo seguirán siendo.
Es posible que ninguno de los perceptores, si no hubiese declarado esas cantidades que recibían en metálico, haya incurrido en delito fiscal, pues la cuota posiblemente defraudada, por lo que yo conozco, no llega al límite del delito. Pero en cualquier caso el escándalo está servido y España y los españoles, tenemos derecho a conocer lo que se hizo con ese dinero público. Y Bárcenas, que tiene un buen abogado, debería explicar de dónde salía ese dinero y si las empresas que se acogieron a la amnistía fiscal eran suyas o de más personas, pues probablemente, y como consecuencia del generoso sueldo que cobraba, pueda tener una explicación que le aparte definitivamente del delito. Callar, a veces, es complicidad. Otra cosa son las responsabilidades políticas, que el PSOE, con Rubalcaba a la cabeza, debe pedir con firmeza y no con la boca chica como lo viene haciendo hasta ahora, pues da la sensación de que ellos también tienen algo que ocultar.
El sistema constitucional español es lo suficientemente fuerte para soportar una crisis política de esta magnitud. Hay personas muy cualificadas, tanto en el Gobierno, en el PP, y en el PSOE, para sustituir a quienes deban caer, con delito o sin delito, por este monumental escándalo. “Que cada palo aguante su vela”, afirmó la secretaria general, María Dolores de Cospedal. Efectivamente, y ella la segunda. Pues el primero que nos debe una explicación es el jefe del PP, Mariano Rajoy. Es una cuestión de patriotismo y de ejemplaridad, como diría el filósofo Javier Gomá. Y de honor. Si no creemos en quienes gobiernan la nación, ¿cómo podrán soportar los ciudadanos tantos sacrificios como se les están exigiendo?
Jorge Trías Sagnier es exdiputado del Partido Popular.
Cacería Judicial
17 de enero de 2012. El País
En mayo de 2009, cuando el caso Gürtel ya había estallado y Antonio Pedreira, magistrado del Tribunal Superior de Madrid, se hizo cargo del caso, comenzaron a caer sobre su cabeza todo tipo de improperios acerca de su parcialidad. Su pecado es que había sido letrado del Ayuntamiento de Madrid en tiempos del alcalde socialista Juan Barranco, de quien era amigo. Yo también. Me sorprendió esa virulencia, pues recordaba que en alguna columna en las que hace años comentaba sentencias en Abc, había escrito elogiosamente sobre decisiones de asuntos polémicos y políticos de este juez, que había dado la razón unas veces a imputados del PP y otras del PSOE. Y entonces escribí sobre la imparcialidad del magistrado y afirmaba que el caso Gürtel creía que estaba en buenas manos y que al final resplandecería la verdad. No tenían, pues, nada que temer mis compañeros del PP que desconocían —o incluso habían denunciado— la trama corrupta, por mayor proximidad que hubiesen tenido con los encausados.
Al cabo de unas dos semanas recibí una llamada telefónica, “de su compañero Antonio Pedreira”. Ni se me ocurrió pensar que el “compañero” que me llamaba era el instructor. Cuando até los cabos me di cuenta enseguida de quién era. Me llamaba para darme las gracias por el artículo, algo poco habitual, y acabamos la conversación quedando para vernos. Una tarde me acerqué a su despacho, le llevé mi libro de poemas Desde la incertidumbre, que acababa de reeditarse, y La cocina de la Justicia, donde comentaba algunos casos muy singulares. Hablamos de la justicia en general, de la vida, de su enfermedad, de los escasos medios que tenía para investigar, y al final me preguntó si le podía ayudar. En suma, me pedía que transmitiese al PP, especialmente a Mariano Rajoy, que no dudasen de su imparcialidad, pero que no tratasen de enturbiar la labor investigadora, pues el caso se enredaría, politizándose más de la cuenta, como así ocurrió. Hablamos también del juez Garzón, ya que la causa venía de la Audiencia Nacional, de las escuchas, de la competencia, de Valencia y de todo un poco.
Rajoy me recibió enseguida y le expliqué lo que pensaba sobre el caso, y lo que yo haría si estuviese en su piel, dejando trabajar a la justicia. Entonces no conocía al principal imputado, Luis Bárcenas, cuya cabeza querían cortar a toda costa desde un lado y de otro de la bancada política, pues sabían que decapitando a Bárcenas, el tesorero nombrado por Rajoy, podía herirse de muerte al presidente del PP y jefe de la oposición entonces. Algunos de los “compañeros” de Rajoy desconocían su capacidad de resistencia y de que era capaz de doblarse, como los juncos, hasta que pasara el ciclón. Recuerdo que me enseñó un montón de diarios y me dijo que si tenía que fiarse de lo que ahí se decía no podría estar sentado en la silla donde estaba ni un minuto y que “cuando el viento sopla mal, lo único que se puede hacer es esperar que pase”.
Voy a ahorrarme los detalles del montón de entrevistas que tuve con Antonio Pedreira para ayudarle en su instrucción y darle mi opinión. Yo no estaba personado como abogado defensor de ninguno de los imputados y me pareció una buena ocasión para colaborar en esclarecer la verdad y de ayudar a un hombre bueno y enfermo que trataba de hacer su trabajo con competencia y honor. Enseguida me di cuenta de que dos personas iban a salir malparadas de este asunto. Por un lado, Luis Bárcenas, que además era senador, aunque dejó, junto con Merino, el escaño para no perjudicar a su partido. Me lo presentó mi amigo de la montaña y de la vida, ahora exsenador, Luis Fraga, y al final, después de tantas y tantas conversaciones, hemos acabado Luis y yo siendo amigos y subiendo —en mi caso tratando de subir— algunas cumbres juntos. Algo bueno tenía que tener todo esto. Y la otra víctima iba a ser Baltasar Garzón, el juez de la Audiencia Nacional que había osado mirar las finanzas del PP. Cuando comprobé por dónde iban los tiros, recordé la imposibilidad que tuvimos, siendo diputado, de modificar la ley de financiación de los partidos políticos ante la cerrazón de estos por abandonar las irregularidades y someterse a control. De esas irregularidades, la mayoría no delictivas, han vivido centenares de políticos a los que no les alcanzaban los sueldos míseros que percibían y la alta responsabilidad y representación que debían tener. Garzón, ¡qué osadía!, se había atrevido a mirar las cuentas de un partido.
El juez no debió de calcular sus fuerzas, y fue una buena ocasión para cargar contra él en una extraña alianza entre jueces y políticos para acabar con la “fama” de quien tanto odiaban. Unos por corporativismo y otros por meter las narices donde apestaba. Casi nadie salía en su defensa; y, al margen de sus errores y de las críticas, algunas acerbas, que yo mismo le había hecho, pensé que por encima de todo estaba la lealtad a la justicia. Cuando leí que se le pretendía imputar por el asunto de la memoria y del franquismo, pensé: se ha abierto la veda de una nueva cacería judicial. Y entonces salí en su defensa en una “tercera” en Abc que fue muy criticada y muy alabada por partes iguales. La suscribo hoy de la “a” a la “z”. Ante la desfachatez de esa causa y su poca consistencia, y como había encallado, se apuntó entonces al discutido y discutible tema de las escuchas. Sobre esta cuestión, que conocía bien pues yo fui una de las personas que colaboró con Carlos García Valdés, cuando era director general de Instituciones Penitenciarias, en tiempos del ministro Lavilla y del subsecretario Ortega y Díaz Ambrona, en la redacción de la primera ley orgánica de la democracia, la Ley General Penitenciaria, también me pronuncié en otras dos “terceras” de Abc, donde mantenía la misma tesis del magistrado Suárez Robledano, uno de los que avaló las escuchas, en el sentido siguiente: “Hay abogados que cooperan o se involucran en la continuidad de actividades delictivas”. Sentía mucho que un profesor, tan reputado y buen compañero y amigo, como Gonzalo Rodríguez Mourullo se encontrase en medio de este fuego cruzado, muy a pesar suyo; y que su honorabilidad hubiese sido puesta en duda, ya que no he conocido a abogado más honesto. Pero de ahí a que se instruyese una causa contra el juez que ordenó esas escuchas por prevaricación iba un abismo.
Para apuntalar la cacería se abrió un nuevo frente: la historia rocambolesca de la financiación irregular de actividades de Garzón en una universidad americana por el banco de Santander. Yo no conozco un solo juez o magistrado, de la instancia que sea, que no haya cobrado en cursos o conferencias financiadas por instituciones bancarias, compañías de seguros, fundaciones de partidos o despachos profesionales. Ni uno. Y no doy nombres e instituciones porque no resulta trascendente ni creo que afecte a la independencia de los jueces a la hora de juzgar. ¡Ah!, pero en el caso de Garzón sí resultaba trascendente. Y los mismos jueces que le tiraban las piedras eran los que escondían sus manos. Todo muy ejemplar. La cacería había comenzado y se usó todo tipo de argucias para que los tiros viniesen del puesto que más podía dañar la reputación del magistrado: su honorabilidad como juez, nada menos que haber vulnerado un derecho fundamental como es el secreto de las comunicaciones. Además, las otras dos causas no se sostenían en pie. La del franquismo, porque si hubiese sido condenado por ello le habrían convertido en un héroe. Y la segunda, la del dinero, porque se radiografiaron públicamente las cuentas de Garzón, de su mujer y de sus hijos hasta un detalle indecoroso e insufrible sin que nada irregular apareciese. Pero había que matar al lobo para calmar la rabia. Y la rabia estaba en la investigación de las finanzas populares.
Al final, el tesorero del PP fue exculpado, sin necesidad de juicio, con algún recurso que hay pendiente de resolución. Ya he escrito en otras ocasiones que en lo del caso Gürtel ni eran todos los que estaban, ni estaban todos los que eran. El día que este diario desveló que un conspicuo líder popular había cobrado minutas por varias decenas de miles de euros para autodefenderse, me escandalicé, hasta el punto que decidí pasar una minuta, por menor cantidad por supuesto, ya que al cabo yo no tenía incompatibilidad alguna y llevaba más de un año trabajando por amor al arte ayudando a mis compañeros de partido. Evidentemente no me pagaron nada y me dijeron que a mí nadie me había contratado, con lo cual tuve la excusa de salirme de este tema que me producía náuseas. Rajoy ganó hace unos meses por mayoría absoluta las elecciones y el extesorero ha podido demostrar su absoluta inocencia. Que yo sepa, y sé bastante, nadie del actual Gobierno tuvo que ver con esa historia, pero como dijo Rosa Díez en el debate de investidura, si no generalizada, la corrupción, o para ser más exactos, las corruptelas, están bastante extendidas entre los aledaños de la política. Al final, el que se ha sentado en el banquillo ha sido el juez Baltasar Garzón. ¿Es esto la justicia que tan hermosamente se describe en el Título VI de la Constitución? Si no fuera porque no tengo otro medio de vida que mi profesión, en la que ahorré poco y di mucho, mañana mismo colgaba la toga.
Jorge Trías Sagnier es abogado y exdiputado del PP
Al cabo de unas dos semanas recibí una llamada telefónica, “de su compañero Antonio Pedreira”. Ni se me ocurrió pensar que el “compañero” que me llamaba era el instructor. Cuando até los cabos me di cuenta enseguida de quién era. Me llamaba para darme las gracias por el artículo, algo poco habitual, y acabamos la conversación quedando para vernos. Una tarde me acerqué a su despacho, le llevé mi libro de poemas Desde la incertidumbre, que acababa de reeditarse, y La cocina de la Justicia, donde comentaba algunos casos muy singulares. Hablamos de la justicia en general, de la vida, de su enfermedad, de los escasos medios que tenía para investigar, y al final me preguntó si le podía ayudar. En suma, me pedía que transmitiese al PP, especialmente a Mariano Rajoy, que no dudasen de su imparcialidad, pero que no tratasen de enturbiar la labor investigadora, pues el caso se enredaría, politizándose más de la cuenta, como así ocurrió. Hablamos también del juez Garzón, ya que la causa venía de la Audiencia Nacional, de las escuchas, de la competencia, de Valencia y de todo un poco.
Rajoy me recibió enseguida y le expliqué lo que pensaba sobre el caso, y lo que yo haría si estuviese en su piel, dejando trabajar a la justicia. Entonces no conocía al principal imputado, Luis Bárcenas, cuya cabeza querían cortar a toda costa desde un lado y de otro de la bancada política, pues sabían que decapitando a Bárcenas, el tesorero nombrado por Rajoy, podía herirse de muerte al presidente del PP y jefe de la oposición entonces. Algunos de los “compañeros” de Rajoy desconocían su capacidad de resistencia y de que era capaz de doblarse, como los juncos, hasta que pasara el ciclón. Recuerdo que me enseñó un montón de diarios y me dijo que si tenía que fiarse de lo que ahí se decía no podría estar sentado en la silla donde estaba ni un minuto y que “cuando el viento sopla mal, lo único que se puede hacer es esperar que pase”.
Voy a ahorrarme los detalles del montón de entrevistas que tuve con Antonio Pedreira para ayudarle en su instrucción y darle mi opinión. Yo no estaba personado como abogado defensor de ninguno de los imputados y me pareció una buena ocasión para colaborar en esclarecer la verdad y de ayudar a un hombre bueno y enfermo que trataba de hacer su trabajo con competencia y honor. Enseguida me di cuenta de que dos personas iban a salir malparadas de este asunto. Por un lado, Luis Bárcenas, que además era senador, aunque dejó, junto con Merino, el escaño para no perjudicar a su partido. Me lo presentó mi amigo de la montaña y de la vida, ahora exsenador, Luis Fraga, y al final, después de tantas y tantas conversaciones, hemos acabado Luis y yo siendo amigos y subiendo —en mi caso tratando de subir— algunas cumbres juntos. Algo bueno tenía que tener todo esto. Y la otra víctima iba a ser Baltasar Garzón, el juez de la Audiencia Nacional que había osado mirar las finanzas del PP. Cuando comprobé por dónde iban los tiros, recordé la imposibilidad que tuvimos, siendo diputado, de modificar la ley de financiación de los partidos políticos ante la cerrazón de estos por abandonar las irregularidades y someterse a control. De esas irregularidades, la mayoría no delictivas, han vivido centenares de políticos a los que no les alcanzaban los sueldos míseros que percibían y la alta responsabilidad y representación que debían tener. Garzón, ¡qué osadía!, se había atrevido a mirar las cuentas de un partido.
El juez no debió de calcular sus fuerzas, y fue una buena ocasión para cargar contra él en una extraña alianza entre jueces y políticos para acabar con la “fama” de quien tanto odiaban. Unos por corporativismo y otros por meter las narices donde apestaba. Casi nadie salía en su defensa; y, al margen de sus errores y de las críticas, algunas acerbas, que yo mismo le había hecho, pensé que por encima de todo estaba la lealtad a la justicia. Cuando leí que se le pretendía imputar por el asunto de la memoria y del franquismo, pensé: se ha abierto la veda de una nueva cacería judicial. Y entonces salí en su defensa en una “tercera” en Abc que fue muy criticada y muy alabada por partes iguales. La suscribo hoy de la “a” a la “z”. Ante la desfachatez de esa causa y su poca consistencia, y como había encallado, se apuntó entonces al discutido y discutible tema de las escuchas. Sobre esta cuestión, que conocía bien pues yo fui una de las personas que colaboró con Carlos García Valdés, cuando era director general de Instituciones Penitenciarias, en tiempos del ministro Lavilla y del subsecretario Ortega y Díaz Ambrona, en la redacción de la primera ley orgánica de la democracia, la Ley General Penitenciaria, también me pronuncié en otras dos “terceras” de Abc, donde mantenía la misma tesis del magistrado Suárez Robledano, uno de los que avaló las escuchas, en el sentido siguiente: “Hay abogados que cooperan o se involucran en la continuidad de actividades delictivas”. Sentía mucho que un profesor, tan reputado y buen compañero y amigo, como Gonzalo Rodríguez Mourullo se encontrase en medio de este fuego cruzado, muy a pesar suyo; y que su honorabilidad hubiese sido puesta en duda, ya que no he conocido a abogado más honesto. Pero de ahí a que se instruyese una causa contra el juez que ordenó esas escuchas por prevaricación iba un abismo.
Para apuntalar la cacería se abrió un nuevo frente: la historia rocambolesca de la financiación irregular de actividades de Garzón en una universidad americana por el banco de Santander. Yo no conozco un solo juez o magistrado, de la instancia que sea, que no haya cobrado en cursos o conferencias financiadas por instituciones bancarias, compañías de seguros, fundaciones de partidos o despachos profesionales. Ni uno. Y no doy nombres e instituciones porque no resulta trascendente ni creo que afecte a la independencia de los jueces a la hora de juzgar. ¡Ah!, pero en el caso de Garzón sí resultaba trascendente. Y los mismos jueces que le tiraban las piedras eran los que escondían sus manos. Todo muy ejemplar. La cacería había comenzado y se usó todo tipo de argucias para que los tiros viniesen del puesto que más podía dañar la reputación del magistrado: su honorabilidad como juez, nada menos que haber vulnerado un derecho fundamental como es el secreto de las comunicaciones. Además, las otras dos causas no se sostenían en pie. La del franquismo, porque si hubiese sido condenado por ello le habrían convertido en un héroe. Y la segunda, la del dinero, porque se radiografiaron públicamente las cuentas de Garzón, de su mujer y de sus hijos hasta un detalle indecoroso e insufrible sin que nada irregular apareciese. Pero había que matar al lobo para calmar la rabia. Y la rabia estaba en la investigación de las finanzas populares.
Al final, el tesorero del PP fue exculpado, sin necesidad de juicio, con algún recurso que hay pendiente de resolución. Ya he escrito en otras ocasiones que en lo del caso Gürtel ni eran todos los que estaban, ni estaban todos los que eran. El día que este diario desveló que un conspicuo líder popular había cobrado minutas por varias decenas de miles de euros para autodefenderse, me escandalicé, hasta el punto que decidí pasar una minuta, por menor cantidad por supuesto, ya que al cabo yo no tenía incompatibilidad alguna y llevaba más de un año trabajando por amor al arte ayudando a mis compañeros de partido. Evidentemente no me pagaron nada y me dijeron que a mí nadie me había contratado, con lo cual tuve la excusa de salirme de este tema que me producía náuseas. Rajoy ganó hace unos meses por mayoría absoluta las elecciones y el extesorero ha podido demostrar su absoluta inocencia. Que yo sepa, y sé bastante, nadie del actual Gobierno tuvo que ver con esa historia, pero como dijo Rosa Díez en el debate de investidura, si no generalizada, la corrupción, o para ser más exactos, las corruptelas, están bastante extendidas entre los aledaños de la política. Al final, el que se ha sentado en el banquillo ha sido el juez Baltasar Garzón. ¿Es esto la justicia que tan hermosamente se describe en el Título VI de la Constitución? Si no fuera porque no tengo otro medio de vida que mi profesión, en la que ahorré poco y di mucho, mañana mismo colgaba la toga.
Jorge Trías Sagnier es abogado y exdiputado del PP
En Apoyo a Garzón
17 de enero de 2012. El País
Vemos aquí cómo Iñaki Gabilondo da por hecho que en este país no hay justicia, que es todo un paripé, que es una patraña eso de la Justicia, porque si cree que un citar a declarar puede ser una vendeta alejada de toda justicia, cree también que todos y cada uno de los condenados o absueltos lo están por arbitrareidades.
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