Gente 8 de mayo de 2008
Opinión
Javier Borrego, profesor del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala
07/5/2008 - 09:18
La objeción llega tarde. Nuestro sistema educativo ya contemplaba la Educación para la Ciudadanía, desde 1994: “La educación moral y cívica, la educación para la paz, la educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos, la educación ambiental, la educación sexual”, etc. Y además estas enseñanzas tenían que impartirse “transversalmente” (LOGSE, 1990), es decir, en todo momento y lugar de la práctica educativa, por todos los agentes de la educación. Yo supongo que -a veces- la visión del profesor de gimnasia sobre las relaciones sexuales, por ejemplo, va contra los criterios morales de algunos padres... Pero sobre esto no hubo objeciones, hubo un significativo silencio de 18 años. Ahora los padres han decidido que son ellos los que tienen que educar a sus hijos y no el Estado. Bien por los padres, nunca es tarde. Porque no importa lo que se diga en la EpC: lo que importa es que no debemos dejar al Estado asumir tareas que pueden y deben hacer las familias. Educar es algo que naturalmente está encomendado a los padres, algo así como alimentar o vestir a los hijos. Los padres educan, visten y alimentan a sus hijos como buenamente pueden. El Estado sólo puede meterse, a través de la Justicia, si existe dejación de responsabilidad.
jueves, 8 de mayo de 2008
lunes, 5 de mayo de 2008
Esología II
Publicado en La Razón. 29.09.07, p.34
Educación
La Filosofía y su espíritu crítico
Javier Borrego Gutiérrez
La filosofía es pensamiento crítico y sistemático sobre las cosas para lograr un conocimiento verdadero. El amor a la verdad es la primera de las condiciones para que haya filosofía. Filosofar es haber adquirido un compromiso con la verdad y -por tanto- con la realidad-tal-cual-es; el trabajo del filósofo es conocer para mostrar y llamar a las cosas por su nombre. Sólo así las personas pueden obrar correctamente en su dimensión individual y social.
La primera utilidad de la filosofía es la superación de las crisis, pues da herramientas para discernir lo importante de lo accesorio y lo verdadero de lo falso y, así, actuar correctamente. Puede y debe desenmascarar la mentira y mostrar lo que hay tras las apariencias. Y esto se conoce como espíritu crítico.
Este pensamiento, que sólo da la filosofía, es el objetivo de la educación. Sin él es imposible la formación de la personalidad íntegra y la libertad. Sin espíritu crítico los ciudadanos son volubles, esclavos de sus pasiones y fáciles de manipular.
Pues bien, el Gobierno tiene un proyecto encaminado a reducir el espíritu crítico de los alumnos. Sólo la disminución de las horas dedicadas a la filosofía ya sería lamentable, pero, además, si Dios no lo remedia, se les va a obligar en ese tiempo a estudiar esa nueva disciplina a la que llaman «Filosofía y Ciudadanía».
Pero esta Ciudadanía que quiere enseñar el Ministerio no sólo no es filosofía, sino que es contraria en su raíz a esta disciplina. No reflexiona sobre el mundo, sino que da por hecho que el mundo es lo que las leyes dicen (hoy, ahora, aquí), no busca la verdad, sino que coloca en lugar de ésta la opinión y el capricho propio o gregario. No busca un pensamiento sistemático, al contrario, se plantea un temario caprichoso donde se enseña de todo un poco. Y, por si algún colegio o algún profesor salen díscolos y quieren educar en libertad, en vez de mermar las capacidades de los alumnos, se coloca este apaño de «Filosofía y Ciudadanía» entre las asignaturas que se evalúan en Selectividad, poniendo a padres y colegios ante un dilema: o mermamos su espíritu crítico y les hacemos disminuidos éticos o no pasan a la Universidad, ¿qué elegimos?
*Profesor del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala en la Universidad CEU San Pablo
Esología
Artículo publicado en El Mundo Campus el 10 de octubre de 2007
POLÉMICA
La polémica Educación para la Ciudadanía enfrenta a la Universidad
Los centros privados acusan al gobierno de «acoso», mientras que sus defensores crean máster para suplir la falta de formación de los que deben impartirla
Y. BLANCO / M. F. BUSTELO
Fotograma del vídeo de JSE para promover Educación para la Ciudadanía. / PSOE
La controversia que enfrenta a las principales fuerzas políticas, sociales, religiosas e incluso mediáticas sobre la inclusión de Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos (EpC) como asignatura obligatoria de Educación Primaria y Secundaria ha abierto un nuevo frente de batalla: la Universidad.
Dos son los sectores antagónicos. Por un lado, las universidades privadas y católicas, que rechazan los contenidos de la asignatura al considerar que su objetivo es imponer un modelo de conciencia moral y religiosa a los alumnos. La propia rectora de la Universidad Católica de Ávila, María del Rosario Sáez, denunció durante su reciente toma de posesión el «acoso» que sufren los centros católicos. Según apuntó Sáez, «no corren tiempos fáciles para las universidades católicas, perseguidas por la hostilidad del Gobierno y otras fuerzas sociales».
Las fundaciones universitarias San Pablo-CEU y Abat Oliba no se han quedado atrás, llegando a presentar incluso un recurso contencioso-administrativo contra los decretos de la Generalitat de Cataluña que regulan la asignatura. Ambas fundaciones, a las que pertenecen los dos colegios de Barcelona que promueven la objeción, han asegurado que no impartirán contenidos contrarios a su ideario.
También se han hecho eco de las protestas en Cáceres, donde un grupo de padres ha constituido la Plataforma Independiente de Padres de Alumnos Objetores en dicha ciudad, donde nueve colegios ya se han declarado objetores.
En el otro lado de la balanza se encuentran sus más férreos defensores, la mayoría procedentes de las universidades públicas. De hecho, varios de los autores de los manuales de la asignatura se dedican a la formación del profesorado, como Carmen Pellicer, licenciada en Teología por la Universidad de Valencia.
Para Ramón Pérez Juste, catedrático de la UNED y presidente de la Sociedad Española de Pedagogía, la EpC es una de las «propuestas más innovadoras» de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y responde «a una de las necesidades más acuciantes de la sociedad actual: la convivencia en democracia».
Las campañas tanto a favor como en contra de la asignatura continúan por las aulas de toda España con cursos, jornadas y mesas redondas donde se debate sobre sus ventajas e inconvenientes.
Como ejemplo de su faceta más bondadosa, expertos de la Fundación CIVES y de la Universidad Carlos III de Madrid han elaborado una propuesta para que se imparta también en la educación Infantil y Bachillerato, además de en Primaria y Secundaria.
La cosa no queda aquí. La principal temática de Educación para la Ciudadanía (deberes y derechos ciudadanos, Constitución, afectos y emociones...) ya era objeto de estudio en las aulas de educación superior, especialmente a través de máster, posgrados y cursos de especialista, como los de la Universidad Internacional de Andalucía, la de Barcelona, Málaga o la ya citada Carlos III.
Una de las ofertas académicas en esta materia es el máster universitario de Educación para la Ciudadanía de la Universidad Internacional de Andalucía, que se estrena este curso.
Su director, José Rubio Cerracedo, apoya que la asignatura comience a impartirse en los centros escolares. «Estoy totalmente a favor, hace falta una asignatura así ya que se enseñan valores muy positivos, como los constitucionales», remarca.
Su voto a favor tiene, no obstante, ciertos matices: «No se está tratando de forma adecuada, sino como una maría y no se está preparando al profesorado».
Existen, no obstante, opiniones opuestas, como la de Juan Cayón, doctor en Derecho y secretario general de la Universidad Antonio de Nebrija, que critica la EpC porque «supone una intromisión del Estado en una enseñanza que debería impartirse principalmente en casa, dentro de la familia, y que no puede ser sustituida por la enseñanza en las aulas».
Cayón valora positivamente contenidos de EpC como el constitucionalismo o los derechos humanos, que califica como «razonables», si bien advierte sobre la inclusión de otras temáticas como la homosexualidad: «Aborda otros asuntos polémicos que chocan con la formación moral que se está dando en muchas familias españolas».
Otra opinión significativa es la de Carmen Pellicer, teóloga y coautora del manual de la asignatura publicado por la Editorial Santillana. Experta en educación en valores y formación del profesorado, Pellicer alaba la creación de la materia, ya que «busca aumentar la competencia cívica y social y proporciona una espacio para la reflexión sistemática con una metodología que permite trabajar de forma diferente con los alumnos».
No obstante, Pellicer reconoce el impacto negativo que ha tenido la implantación de EpC en un contexto marcado por el enfrentamiento y el debate social. Añade que «el aspecto más negativo es que se le dedica muy poco tiempo a la materia y a la formación del profesorado».
LA IMPLANTACIÓN. Los comentarios a favor y en contra de la ya conocida por todos Educación para la Ciudadanía ocupan portadas y titulares de los principales medios de comunicación casi a diario. Pero, ¿qué sabemos realmente acerca de una materia de la que pronto tendrán que examinarse nuestros escolares? La respuesta de la mayoría es confusa, o cuanto menos escasa.
Según recoge la Ley Orgánica de Educación (LOE), nuestra controvertida amiga se incluye dentro de las asignaturas obligatorias de Educación Primaria y Secundaria. Los reales decretos que acotan las enseñanzas mínimas para estas dos etapas disponen que la EpC debe impartirse en 50 o 60 (tercer ciclo de Educación Primaria), además de en uno de los tres primeros cursos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).
La formación se completa con la introducción en 40 de ESO de la materia Educación ético-cívica. Los contenidos de EpC en Primaria tendrán una duración mínima de 50 horas lectivas. En los tres primeros cursos de la ESO será de 35 horas, la misma duración que tendrá Educación ético-cívica.
El calendario de implantación ha comenzado a cumplirse hace apenas unas semanas, cuando al inicio del nuevo curso escolar se ha unido la puesta de largo de la nueva materia en 30 de ESO. Con varias excepciones: las de los centros escolares y las Comunidades Autónomas que han optado por declararse objetores.
La acogida ha sido positiva, tanto por parte de los profesores, como del lado de los alumnos. Fuera del circo mediático en el que ha degenerado la polémica, EpC ha logrado suscitar la curiosidad de los más jóvenes.
Los expertos en educación aseguran que el debate sobre si los profesores están preparados para impartir EpC es tan sólo la punta del iceberg de una problemática mucho más amplia: la inexistencia de formación continua para el profesorado.
EL MANUAL. Ello provoca que los docentes hayan buscado otras vías para dar la asignatura, que cuenta con su propio manual. «Suma, nunca resta y los contenidos se han contrastado con los decretos de todas las comunidades», resalta Pellicer, coautora del libro de Santillana. La diferencia es la organización metodológica del texto, que no sigue el orden curricular y gira en torno a 10 proyectos de investigación: reflexión, diálogo, pensamiento crítico, profundización histórica...
¿Es Educación para la Ciudadanía una materia útil? Pellicer lo tiene claro: «Cualquiera no puede menos que pensar que hace falta trabajar estos contenidos para poder hablar de una sociedad plural y en paz». A buen seguro, EpC continuará dando mucho de qué hablar. Al menos, de momento.
Las claves
PRIMARIA (3 bloques) Individuos y relaciones interpersonales y sociales. Respeto a los demás, igualdad entre hombres y mujeres, la autonomía personal y la responsabilidad. La vida en comunidad. Valores cívicos como la tolerancia, la justicia, la cooperación, la cultura de la paz... Derechos y deberes de cada persona. Vivir en sociedad. Normas y principios de convivencia de la Constitución. Servicios públicos y bienes comunes.
SECUNDARIA (5 bloques) Aproximación respetuosa a la diversidad. Expresión de opiniones y juicios propios, el debate o la aproximación a la diversidad personal y cultural. Relaciones interpersonales y participación. Relaciones humanas, fomento de la solidaridad o el respeto a la dignidad personal. Deberes y derechos ciudadanos. Reconocimiento de los principios recogidos en los textos internacionales y las competencias de actuación de los tribunales ordinarios e internacionales. Las sociedades democráticas del siglo XXI. Funcionamiento de los Estados democráticos, el modelo político español y el papel de los servicios públicos. Ciudadanía en un mundo global. La desigualdad, el proceso de globalización, los principales conflictos en el mundo actual, el papel de los organismos internacionales.
Pros y Contras
A FAVOR
INTERACCIÓN. Varios expertos ven esta asignatura como una «excelente oportunidad» para que los menores «se involucren en su propio proceso de aprendizaje» y puedan ver de manera directa la aplicabilidad de la materia. Jaume del Campo, doctor en Pedagogía y profesor titular de la Universidad de Barcelona, piensa que es una «excelente oportunidad para crear una materia que no sea tan formal como las demás» y que permita «educar a través de un aprendizaje práctico».
FRENO A LA VIOLENCIA. Según Del Campo, la clave está en ver cómo se termina aplicando esta asignatura en los centros educativos: «Si no se le da verdadera importancia, puede terminar convirtiéndose en una maría, pero si llega más allá, puede llegar a dar respuestas a importantes problemas que se dan hoy en día en nuestras escuelas, como es el caso de la violencia en las aulas».
POLÉMICA VACÍA. La extrañeza ha sido la nota primordial de algunos docentes ante la polémica suscitada por una asignatura, que supone 1,5 horas en Primaria y tan sólo una en Secundaria. Para Antonio Bolívar Gotia, catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada, «es una polémica vacía y fuera de lugar, ya que España está aplicando las directrices de la UE y siguiendo el ejemplo de otros países como Francia».
PELIGRO DE SER UNA 'MARÍA'. Bolívar Gotia, autor del libro Educación para la Ciudadanía. Algo más que una asignatura, critica que la materia «se haya convertido en una maría por cómo se ha organizado en las comunidades» y califica como «obvios» los contenidos de la asignatura. El docente respalda la opinión de que el profesorado carece de formación específica e insta a la Universidad a que la incluya en los planes de estudios para que los estudiantes puedan impartirla.
RESPUESTA A LA DEMANDA. José Antonio Marina, uno de los principales impulsores de la asignatura, defiende que es necesaria: «Cada vez que surge un problema, la sociedad se vuelve a la escuela pidiendo soluciones. Esta asignatura debería ser la respuesta de la escuela a esa demanda». El filósofo es autor de uno de los libros de texto a través del cual se estudiará la materia. «Nuestra convivencia íntima, nuestro sistema político, nuestras relaciones vecinales deben estar orientadas por valores éticos que nuestros jóvenes deben conocer».
NO A LAS DROGAS. Según Marina, se trata de construir una «casa común, un gran proyecto ético», para lo que se necesita que los hijos «lo conozcan, lo valoren y lo prolonguen». En su opinión, cada vez que surge un problema social (droga, embarazos adolescentes, violencia, fracaso escolar), la sociedad vuelve a la escuela pidiéndole soluciones. «Esta asignatura debería ser la respuesta de la escuela a esa demanda».
NEUTRALIDAD. Varios expertos abogan porque se imparta sin influencias ideológicas. Es el caso de Roberto Fernández, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Lérida: «La enseñanza de EpC debe hacerse desde la ciencia, el rigor y la absoluta neutralidad ideológica y partidista». Ve importante que la gente comprenda que «la democracia es un método para organizar la vida social y política, y si ese método tiene una reglas de juego, hay que saber enseñarlas, sin caer en sectarismos y huyendo de adoctrinamientos políticos e ideológicos».
EN CONTRA
MENOS HORAS DE FILOSOFÍA. «El principal inconveniente es que resta horas a ética y filosofía». Así se manifiesta Javier Borrego, doctor en Filosofía y profesor de la Universidad San Pablo-CEU. Para él, la filosofía parte de la búsqueda de la verdad, «analizando la realidad y al ser humano, y permitiendo buscar respuestas a través de ese análisis», mientras que en Educación para la Ciudadanía se empieza la casa por el tejado.
SIN CRITERIO PROPIO. Borrego opina que EpC aporta «el análisis hecho, y no hay oportunidad de que el alumno tenga criterio propio para analizar por él mismo la realidad». También piensa que la clave de esta asignatura es que «hay gente tanto a favor como en contra de la misma», mientras que en otras áreas eso sería algo «inimaginable». «El problema está en querer transmitir unos conocimientos demasiado contemporáneos, implantados por el grupo político que actualmente está en el poder, y que son absolutamente revisables».
SUPERFICIALIDAD. Javier Laspalas es profesor del Departamento de Educación de la Universidad de Navarra. Según manifiesta, «esta asignatura sólo recoge vagas alusiones a los derechos humanos, la paz, la cooperación, la solidaridad..., que cada maestro y alumno han de entender a su manera», lo que implica que «al final los que decidirán serán los autores de los libros de texto, porque la enseñanza se basará en repetir lo que ponga en ellos».
COMPETENCIAS DEL DOCENTE. Laspalas también cree que «las asignatura será inútil si no hay profesores que se ocupen de llenar tales lagunas», añadiendo que «el modo en que se ha implantado y la polémica que está produciendo no van a contribuir a que así sea». Añade que el Estado siempre «debe mantener la neutralidad en materia de moral», nunca violarla.
OBJECIÓN DE CONCIENCIA. La mayoría de los centros universitarios católicos se han mostrado molestos ante la implantación obligatoria de esta asignatura. Alfredo Dagnino, presidente de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, dice que en ningunos de sus centros se impartirá una asignatura «cuyos contenidos contradigan o infrinjan el ideario fundacional» de esta institución.
AGRESIÓN A LA LIBERTAD. Alfredo Dagnino recalca que la asignatura, tal y como está planteada, «incide directamente sobre la conciencia moral cívica», lo que, unido a su carácter obligatorio, constituye una «agresión a la libertad de la enseñanza y el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos».
INTROMISIÓN DEL ESTADO. Los expertos en contra de EpC argumentan que supone una intromisión del Estado «a la hora de decidir qué es bueno y qué no» dentro de la sociedad. Así lo cree Fernando Martín, director del Área Departamental de Humanidades de la Universidad Católica de Ávila: «Esta asignatura se está impartiendo en varios países europeos de una forma totalmente distinta a la de aquí, ya que en España se va a convertir en un intento de adoctrinamiento por parte del Estado en cuestiones éticas y antropológicas fundamentales».
CONTRA LA CONSTITUCIÓN. Fernando Martín concluye que la materia supone un atentado contra el artículo 27 de la Constitución, en el que se garantiza el derecho a los padres para que sus hijos reciban una formación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones.
POLÉMICA
La polémica Educación para la Ciudadanía enfrenta a la Universidad
Los centros privados acusan al gobierno de «acoso», mientras que sus defensores crean máster para suplir la falta de formación de los que deben impartirla
Y. BLANCO / M. F. BUSTELO
Fotograma del vídeo de JSE para promover Educación para la Ciudadanía. / PSOE
La controversia que enfrenta a las principales fuerzas políticas, sociales, religiosas e incluso mediáticas sobre la inclusión de Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos (EpC) como asignatura obligatoria de Educación Primaria y Secundaria ha abierto un nuevo frente de batalla: la Universidad.
Dos son los sectores antagónicos. Por un lado, las universidades privadas y católicas, que rechazan los contenidos de la asignatura al considerar que su objetivo es imponer un modelo de conciencia moral y religiosa a los alumnos. La propia rectora de la Universidad Católica de Ávila, María del Rosario Sáez, denunció durante su reciente toma de posesión el «acoso» que sufren los centros católicos. Según apuntó Sáez, «no corren tiempos fáciles para las universidades católicas, perseguidas por la hostilidad del Gobierno y otras fuerzas sociales».
Las fundaciones universitarias San Pablo-CEU y Abat Oliba no se han quedado atrás, llegando a presentar incluso un recurso contencioso-administrativo contra los decretos de la Generalitat de Cataluña que regulan la asignatura. Ambas fundaciones, a las que pertenecen los dos colegios de Barcelona que promueven la objeción, han asegurado que no impartirán contenidos contrarios a su ideario.
También se han hecho eco de las protestas en Cáceres, donde un grupo de padres ha constituido la Plataforma Independiente de Padres de Alumnos Objetores en dicha ciudad, donde nueve colegios ya se han declarado objetores.
En el otro lado de la balanza se encuentran sus más férreos defensores, la mayoría procedentes de las universidades públicas. De hecho, varios de los autores de los manuales de la asignatura se dedican a la formación del profesorado, como Carmen Pellicer, licenciada en Teología por la Universidad de Valencia.
Para Ramón Pérez Juste, catedrático de la UNED y presidente de la Sociedad Española de Pedagogía, la EpC es una de las «propuestas más innovadoras» de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y responde «a una de las necesidades más acuciantes de la sociedad actual: la convivencia en democracia».
Las campañas tanto a favor como en contra de la asignatura continúan por las aulas de toda España con cursos, jornadas y mesas redondas donde se debate sobre sus ventajas e inconvenientes.
Como ejemplo de su faceta más bondadosa, expertos de la Fundación CIVES y de la Universidad Carlos III de Madrid han elaborado una propuesta para que se imparta también en la educación Infantil y Bachillerato, además de en Primaria y Secundaria.
La cosa no queda aquí. La principal temática de Educación para la Ciudadanía (deberes y derechos ciudadanos, Constitución, afectos y emociones...) ya era objeto de estudio en las aulas de educación superior, especialmente a través de máster, posgrados y cursos de especialista, como los de la Universidad Internacional de Andalucía, la de Barcelona, Málaga o la ya citada Carlos III.
Una de las ofertas académicas en esta materia es el máster universitario de Educación para la Ciudadanía de la Universidad Internacional de Andalucía, que se estrena este curso.
Su director, José Rubio Cerracedo, apoya que la asignatura comience a impartirse en los centros escolares. «Estoy totalmente a favor, hace falta una asignatura así ya que se enseñan valores muy positivos, como los constitucionales», remarca.
Su voto a favor tiene, no obstante, ciertos matices: «No se está tratando de forma adecuada, sino como una maría y no se está preparando al profesorado».
Existen, no obstante, opiniones opuestas, como la de Juan Cayón, doctor en Derecho y secretario general de la Universidad Antonio de Nebrija, que critica la EpC porque «supone una intromisión del Estado en una enseñanza que debería impartirse principalmente en casa, dentro de la familia, y que no puede ser sustituida por la enseñanza en las aulas».
Cayón valora positivamente contenidos de EpC como el constitucionalismo o los derechos humanos, que califica como «razonables», si bien advierte sobre la inclusión de otras temáticas como la homosexualidad: «Aborda otros asuntos polémicos que chocan con la formación moral que se está dando en muchas familias españolas».
Otra opinión significativa es la de Carmen Pellicer, teóloga y coautora del manual de la asignatura publicado por la Editorial Santillana. Experta en educación en valores y formación del profesorado, Pellicer alaba la creación de la materia, ya que «busca aumentar la competencia cívica y social y proporciona una espacio para la reflexión sistemática con una metodología que permite trabajar de forma diferente con los alumnos».
No obstante, Pellicer reconoce el impacto negativo que ha tenido la implantación de EpC en un contexto marcado por el enfrentamiento y el debate social. Añade que «el aspecto más negativo es que se le dedica muy poco tiempo a la materia y a la formación del profesorado».
LA IMPLANTACIÓN. Los comentarios a favor y en contra de la ya conocida por todos Educación para la Ciudadanía ocupan portadas y titulares de los principales medios de comunicación casi a diario. Pero, ¿qué sabemos realmente acerca de una materia de la que pronto tendrán que examinarse nuestros escolares? La respuesta de la mayoría es confusa, o cuanto menos escasa.
Según recoge la Ley Orgánica de Educación (LOE), nuestra controvertida amiga se incluye dentro de las asignaturas obligatorias de Educación Primaria y Secundaria. Los reales decretos que acotan las enseñanzas mínimas para estas dos etapas disponen que la EpC debe impartirse en 50 o 60 (tercer ciclo de Educación Primaria), además de en uno de los tres primeros cursos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).
La formación se completa con la introducción en 40 de ESO de la materia Educación ético-cívica. Los contenidos de EpC en Primaria tendrán una duración mínima de 50 horas lectivas. En los tres primeros cursos de la ESO será de 35 horas, la misma duración que tendrá Educación ético-cívica.
El calendario de implantación ha comenzado a cumplirse hace apenas unas semanas, cuando al inicio del nuevo curso escolar se ha unido la puesta de largo de la nueva materia en 30 de ESO. Con varias excepciones: las de los centros escolares y las Comunidades Autónomas que han optado por declararse objetores.
La acogida ha sido positiva, tanto por parte de los profesores, como del lado de los alumnos. Fuera del circo mediático en el que ha degenerado la polémica, EpC ha logrado suscitar la curiosidad de los más jóvenes.
Los expertos en educación aseguran que el debate sobre si los profesores están preparados para impartir EpC es tan sólo la punta del iceberg de una problemática mucho más amplia: la inexistencia de formación continua para el profesorado.
EL MANUAL. Ello provoca que los docentes hayan buscado otras vías para dar la asignatura, que cuenta con su propio manual. «Suma, nunca resta y los contenidos se han contrastado con los decretos de todas las comunidades», resalta Pellicer, coautora del libro de Santillana. La diferencia es la organización metodológica del texto, que no sigue el orden curricular y gira en torno a 10 proyectos de investigación: reflexión, diálogo, pensamiento crítico, profundización histórica...
¿Es Educación para la Ciudadanía una materia útil? Pellicer lo tiene claro: «Cualquiera no puede menos que pensar que hace falta trabajar estos contenidos para poder hablar de una sociedad plural y en paz». A buen seguro, EpC continuará dando mucho de qué hablar. Al menos, de momento.
Las claves
PRIMARIA (3 bloques) Individuos y relaciones interpersonales y sociales. Respeto a los demás, igualdad entre hombres y mujeres, la autonomía personal y la responsabilidad. La vida en comunidad. Valores cívicos como la tolerancia, la justicia, la cooperación, la cultura de la paz... Derechos y deberes de cada persona. Vivir en sociedad. Normas y principios de convivencia de la Constitución. Servicios públicos y bienes comunes.
SECUNDARIA (5 bloques) Aproximación respetuosa a la diversidad. Expresión de opiniones y juicios propios, el debate o la aproximación a la diversidad personal y cultural. Relaciones interpersonales y participación. Relaciones humanas, fomento de la solidaridad o el respeto a la dignidad personal. Deberes y derechos ciudadanos. Reconocimiento de los principios recogidos en los textos internacionales y las competencias de actuación de los tribunales ordinarios e internacionales. Las sociedades democráticas del siglo XXI. Funcionamiento de los Estados democráticos, el modelo político español y el papel de los servicios públicos. Ciudadanía en un mundo global. La desigualdad, el proceso de globalización, los principales conflictos en el mundo actual, el papel de los organismos internacionales.
Pros y Contras
A FAVOR
INTERACCIÓN. Varios expertos ven esta asignatura como una «excelente oportunidad» para que los menores «se involucren en su propio proceso de aprendizaje» y puedan ver de manera directa la aplicabilidad de la materia. Jaume del Campo, doctor en Pedagogía y profesor titular de la Universidad de Barcelona, piensa que es una «excelente oportunidad para crear una materia que no sea tan formal como las demás» y que permita «educar a través de un aprendizaje práctico».
FRENO A LA VIOLENCIA. Según Del Campo, la clave está en ver cómo se termina aplicando esta asignatura en los centros educativos: «Si no se le da verdadera importancia, puede terminar convirtiéndose en una maría, pero si llega más allá, puede llegar a dar respuestas a importantes problemas que se dan hoy en día en nuestras escuelas, como es el caso de la violencia en las aulas».
POLÉMICA VACÍA. La extrañeza ha sido la nota primordial de algunos docentes ante la polémica suscitada por una asignatura, que supone 1,5 horas en Primaria y tan sólo una en Secundaria. Para Antonio Bolívar Gotia, catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada, «es una polémica vacía y fuera de lugar, ya que España está aplicando las directrices de la UE y siguiendo el ejemplo de otros países como Francia».
PELIGRO DE SER UNA 'MARÍA'. Bolívar Gotia, autor del libro Educación para la Ciudadanía. Algo más que una asignatura, critica que la materia «se haya convertido en una maría por cómo se ha organizado en las comunidades» y califica como «obvios» los contenidos de la asignatura. El docente respalda la opinión de que el profesorado carece de formación específica e insta a la Universidad a que la incluya en los planes de estudios para que los estudiantes puedan impartirla.
RESPUESTA A LA DEMANDA. José Antonio Marina, uno de los principales impulsores de la asignatura, defiende que es necesaria: «Cada vez que surge un problema, la sociedad se vuelve a la escuela pidiendo soluciones. Esta asignatura debería ser la respuesta de la escuela a esa demanda». El filósofo es autor de uno de los libros de texto a través del cual se estudiará la materia. «Nuestra convivencia íntima, nuestro sistema político, nuestras relaciones vecinales deben estar orientadas por valores éticos que nuestros jóvenes deben conocer».
NO A LAS DROGAS. Según Marina, se trata de construir una «casa común, un gran proyecto ético», para lo que se necesita que los hijos «lo conozcan, lo valoren y lo prolonguen». En su opinión, cada vez que surge un problema social (droga, embarazos adolescentes, violencia, fracaso escolar), la sociedad vuelve a la escuela pidiéndole soluciones. «Esta asignatura debería ser la respuesta de la escuela a esa demanda».
NEUTRALIDAD. Varios expertos abogan porque se imparta sin influencias ideológicas. Es el caso de Roberto Fernández, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Lérida: «La enseñanza de EpC debe hacerse desde la ciencia, el rigor y la absoluta neutralidad ideológica y partidista». Ve importante que la gente comprenda que «la democracia es un método para organizar la vida social y política, y si ese método tiene una reglas de juego, hay que saber enseñarlas, sin caer en sectarismos y huyendo de adoctrinamientos políticos e ideológicos».
EN CONTRA
MENOS HORAS DE FILOSOFÍA. «El principal inconveniente es que resta horas a ética y filosofía». Así se manifiesta Javier Borrego, doctor en Filosofía y profesor de la Universidad San Pablo-CEU. Para él, la filosofía parte de la búsqueda de la verdad, «analizando la realidad y al ser humano, y permitiendo buscar respuestas a través de ese análisis», mientras que en Educación para la Ciudadanía se empieza la casa por el tejado.
SIN CRITERIO PROPIO. Borrego opina que EpC aporta «el análisis hecho, y no hay oportunidad de que el alumno tenga criterio propio para analizar por él mismo la realidad». También piensa que la clave de esta asignatura es que «hay gente tanto a favor como en contra de la misma», mientras que en otras áreas eso sería algo «inimaginable». «El problema está en querer transmitir unos conocimientos demasiado contemporáneos, implantados por el grupo político que actualmente está en el poder, y que son absolutamente revisables».
SUPERFICIALIDAD. Javier Laspalas es profesor del Departamento de Educación de la Universidad de Navarra. Según manifiesta, «esta asignatura sólo recoge vagas alusiones a los derechos humanos, la paz, la cooperación, la solidaridad..., que cada maestro y alumno han de entender a su manera», lo que implica que «al final los que decidirán serán los autores de los libros de texto, porque la enseñanza se basará en repetir lo que ponga en ellos».
COMPETENCIAS DEL DOCENTE. Laspalas también cree que «las asignatura será inútil si no hay profesores que se ocupen de llenar tales lagunas», añadiendo que «el modo en que se ha implantado y la polémica que está produciendo no van a contribuir a que así sea». Añade que el Estado siempre «debe mantener la neutralidad en materia de moral», nunca violarla.
OBJECIÓN DE CONCIENCIA. La mayoría de los centros universitarios católicos se han mostrado molestos ante la implantación obligatoria de esta asignatura. Alfredo Dagnino, presidente de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, dice que en ningunos de sus centros se impartirá una asignatura «cuyos contenidos contradigan o infrinjan el ideario fundacional» de esta institución.
AGRESIÓN A LA LIBERTAD. Alfredo Dagnino recalca que la asignatura, tal y como está planteada, «incide directamente sobre la conciencia moral cívica», lo que, unido a su carácter obligatorio, constituye una «agresión a la libertad de la enseñanza y el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos».
INTROMISIÓN DEL ESTADO. Los expertos en contra de EpC argumentan que supone una intromisión del Estado «a la hora de decidir qué es bueno y qué no» dentro de la sociedad. Así lo cree Fernando Martín, director del Área Departamental de Humanidades de la Universidad Católica de Ávila: «Esta asignatura se está impartiendo en varios países europeos de una forma totalmente distinta a la de aquí, ya que en España se va a convertir en un intento de adoctrinamiento por parte del Estado en cuestiones éticas y antropológicas fundamentales».
CONTRA LA CONSTITUCIÓN. Fernando Martín concluye que la materia supone un atentado contra el artículo 27 de la Constitución, en el que se garantiza el derecho a los padres para que sus hijos reciban una formación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones.
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